¿Qué es Corrupción?

Es una forma particular del delito en donde se abusa del poder o autoridad que se le confiere a un funcionario público, el cual es inducido a actuar de manera contraria a las normas legales y a los principios morales, para favorecer intereses particulares a cambio de una remuneración.

Por eso el estado venezolano ha implementado la creación de la Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, publicada en Gaceta Oficial Extraordinario N°6.699, de fecha de 03 de mayo de 2022, para regular estos tipos de hechos punibles, tomando en consideración y conforme a los principios constitucionales de nuestra Carta Magna los cuales nos establecen que Venezuela es un país Democrático y social de Derecho y de justicia que propugna como valores superiores de ordenamiento jurídico y de su actuación, vida, libertad, justicia, igualdad, solidaridad, democracia, responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

¿Cúal es el objetivo de ésta Ley?

Artículo 1°: Esta Ley tiene por objeto establecer los principios, deberes y derechos que permitan prevenir la corrupción administrativa y promover la educación, tanto a la ciudadanía como a las funcionarias públicas y funcionarios públicos, que haga posible garantizar la salvaguarda del patrimonio público; así como, regular las atribuciones y deberes de los órganos encargados de ejercer el control en materia de corrupción y tipificar las sanciones administrativas y los delitos cometidos contra el patrimonio público y la administración de justicia, incluyendo los procedimientos y las medidas preventivas que deban ser aplicadas.

¿Quiénes están sujetos a esta Ley?

Artículo 2°: Están sujetos a esta decreto con rango valor y fuerza de ley, las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, los funcionarios públicos y las funcionarias públicas, las comunas, los consejos comunales, y las asociaciones socioproductividas y las organizaciones de base del poder popular, así como cualquier otra organización popular cuando manejen fondos públicos.

Artículo 3°: Sin perjuicio de lo que disponga la ley que establezca el Estatuto de la Función Pública u otras leyes, a los efectos de esta ley se consideran funcionarias y funcionarios o empleadas públicas y empleados públicos a:

1. Las personas que estén investidas de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, originadas por elección, por nombramiento o contrato otorgado por la autoridad competente, al servicio de la República, de los estados, de los territorios y dependencias federales, de los distritos, de los distritos metropolitanos o de los municipios, de los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales, de las universidades públicas, del Banco Central de Venezuela o de cualesquiera de los órganos o entes que ejercen el Poder Público.

2. Las directoras, directores, administradoras y administradores de las sociedades civiles y mercantiles, fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones constituidas con recursos públicos o dirigidas por algunas de las personas a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, o cuando la totalidad de los aportes presupuestarios o contribuciones en un ejercicio proveniente de una o varias de estas personas represente el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto o patrimonio; y las o los directores nombrados en representación de dichos órganos y entes, aun cuando la participación fuere inferior al cincuenta por ciento (50%) del capital o patrimonio.

3. Cualquier otra persona en los casos previstos en esta Ley. Asimismo, a los fines de esta Ley, deben considerarse como directoras, directores, administradoras y administradores, quienes desempeñen funciones tales como:

• Directivas, gerenciales, supervisoras, contraloras y auditoras.
• Participen con voz y voto en comités de: compras, licitaciones, contratos, negocios, donaciones o de cualquier otra naturaleza, cuya actuación pueda comprometer el patrimonio público.
• Manejen o custodien almacenes, talleres, depósitos y, en general, decidan sobre la recepción, suministro y entrega de bienes muebles del ente u organismos, para su consumo.
• Movilicen fondos del ente u organismo depositados en cuentas bancarias.
• Representen al órgano u ente con autoridad para comprometer a la entidad.
• Adquieran compromisos en nombre del órgano u ente o autoricen los pagos correspondientes.
• Dicten actos que incidan en la esfera de los derechos u obligaciones de los particulares o en las atribuciones y deberes del Estado (Omissis).

¿Cuáles son estos delitos de corrupción?

En nuestra Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción (G. O. Extra. N°6.699, de fecha de 02-05-2022), Titulo IV, sobre los Delitos Contra el Patrimonio Público y la Administración de Justicia en la aplicación de esta ley, en el cual se especifican los siguientes:

• El Enriquecimiento Ilícito. (artículo 53°)
• Apropiación o Distracción del Patrimonio Público. (artículo 59°)
• Extravíos, Pérdidas y Daños a los Bienes del Patrimonio Público. (artículo 60°)
• Uso Indebido del Patrimonio Público. (artículo 61°)
• Beneficio por Restitución de lo Apropiado o Distraído. (artículo 62°)
• Destino Diferente a Fondo o Rentas Públicas. (artículo 63°)
• Aplicación Diferente a Fondo o Rentas Públicas. (artículo 64°)
• Evasión de Procedimientos, Controles o Restricciones en Licitaciones. (artículo 65°)
• Excesos para Contraer Gastos o Deudas. (artículo 66°)
• Constricción para Obtener Sumas de Dinero. (artículo 67°)
• Retribuciones o Utilidades. (artículo 68°)
• Retraso u Omisión Intencional de Funciones. (artículo 69°)
• Persuasión e Inducción a Delinquir a Funcionarias Públicas o Funcionarios Públicos. (artículo 70º)
• Confiscación. (articulo72º)
• Acto Arbitrario (artículo 74º)
• Promesa de Soborno a Funcionaria Pública o Funcionario Público (artículo 90º)

• Favorecimiento o Perjuicio Electoral (artículo 75º)
• Cobranza de Impuestos o Tasas por Medios no Autorizados (artículo 76º)
• Concierto para Celebración de Contratos (artículo 77º)
• Ventaja o Beneficios Económicos de Funcionarias Públicas o Funcionarios Públicos (artículo 78º)
• Utilidad Ilegal por Actos de la Administración (artículo 79º)
• Incremento Injustificado de Patrimonio (artículo 80º)
• Provecho o Distracción de Dinero, Valores o Bienes Públicos (artículo 81º)
• Ausencia o Disconformidad de Balances (artículo 82º)
• Falseamiento u Ocultamiento de Datos en la Declaración Jurada de Patrimonio (artículo 83º)
• Expedición de Falsas Certificaciones (artículo 84º)
• Ocultamiento, Inutilización o Alteración de Libros (artículo 85º)
• Alardeamiento o Valimiento de Relaciones o Influencias (artículo 86)
• Utilidad, Ventaja o Beneficio Económico (artículo 87º)
• Apertura de Cuentas Indebidas (artículo 88º)
• Denuncia o Acusación Falsa (artículo 89º)
• Soborno. (artículo 71º)

De igual forma, esta reforma en su Capítulo III, menciona los delitos Contra la Administración de Justicia en la Aplicación de esta Ley, especificados de la siguiente manera:

• Denegación de Justicia y Abuso de Poder (artículo 91º)
• Retardo Procesal (artículo 92º)
• Omisión Dolosa de Recursos Legales (artículo 93º)
• Influencia o Injerencias en Procesos de Contrataciones (artículo 94º)